La Junta estrena hoy el Bono Rural de Transporte gratuito en la zona salmantina de Fuentes de Oñoro e inicia un nuevo servicio de reserva de viajes por internet
[et_pb_section fb_built=»1″ _builder_version=»3.0.47″][et_pb_row _builder_version=»3.0.47″ background_size=»initial» background_position=»top_left» background_repeat=»repeat»][et_pb_column type=»4_4″ _builder_version=»3.0.47″ parallax=»off» parallax_method=»on»][et_pb_text _builder_version=»3.5.1″]El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones -acompañado por el alcalde de Fuentes de Oñoro, Isidoro José Alanis; el presidente de la Diputación de Salamanca, Francisco Javier Iglesias; el viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, José Luis Sanz; el director general de Transportes, Ignacio Santos, y varios alcaldes de la zona-, ha informado hoy en este municipio salmantino sobre las características del Bono Rural de Transporte puesto en servicio hoy que, gracias a las nuevas tecnologías, permitirá de forma sencilla su utilización tanto por jóvenes como por mayores, bien mediante el uso de una tarjeta física convencional, o a través de una aplicación descargada en el teléfono móvil que genera un código de barras con el que se accede al autobús.
La zona de Fuentes de Oñoro aglutina 17 localidades y 14.000 habitantes, que disponen de siete rutas, cinco de ellas a cargo de la concesionaria Autocares El Pilar, S.L. y otras dos rutas a cargo de la empresa Ancebús S.L.U., y que a partir de ahora serán gratuitas mediante este Bono Rural de Transporte.
Las siguientes zonas donde se implantará este sistema serán Ledesma y Vitigudino, con nueve rutas cada una y 54 y 59 localidades, respectivamente, que conectan 11.500 viajeros aproximadamente. Posteriormente el sistema se irá implantando hasta completar las 12 zonas de Transporte a la Demanda de la provincia de Salamanca, estructuradas en 237 rutas, que dan servicio a 528 localidades. A ellas se sumarán las 115 rutas de Transporte de Prestación Conjunta, beneficiando a 380 localidades de la provincia de Salamanca.
Implantación progresiva del bono rural gratuito en la Comunidad
Más de 384.000 viajeros han utilizado el servicio de transporte a la demanda y transporte integrado desde que la Junta de Castilla y León lo pusiera en marcha en la provincia de Salamanca en el año 2005, 9.000 de ellos el último año, sin incluir escolares.
La Consejería de Fomento y Medio Ambiente irá implantando sucesivamente en el plazo de un año el Bono Rural de Transporte gratuito a las 123 zonas de transporte a la demanda e integrado que hoy existen en Castilla y León y que dan servicio a más de 5.000 localidades de la Comunidad, con casi 2.000 rutas y 2,2 millones de potenciales usuarios.
La inversión estimada de la puesta en marcha de este sistema es de 600.000 euros anuales, ya con las 123 zonas completadas. A esta inversión es preciso añadir los 6,2 millones anuales aportados por la Administración autonómica para sufragar el déficit de explotación del transporte a la demanda -549.352 euros/año en la provincia de Salamanca-. En consecuencia, sin la financiación de la Junta de Castilla y León el coste del servicio que habrían de soportar las personas usuarias sería aproximadamente de 12 euros el billete (ida y vuelta).
Modernización de Castilla y León
El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones -como ya hiciera en su día el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la presentación de esta iniciativa-, ha destacado que el Bono Rural supone un impulso a la movilidad y a la mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, “puesto que facilitará su acceso a servicios básicos, a las gestiones administrativas y también al ocio y al comercio, además de ser una apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos, tanto del medio rural como urbano, ya que acceden en las mismas condiciones a servicios básicos como la sanidad o los servicios sociales”.
Suárez-Quiñones ha insistido, asimismo, que “esta iniciativa supone también un avance en la modernización de Castilla y León, puesto que conlleva la extensión y el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito rural”. En este sentido destacó que, coincidiendo con la puesta en marcha del Bono Rural gratuito, se iniciará un nuevo servicio de reserva de viajes vía web que convivirá con el número gratuito 900 20 40 20, y que supone, junto con la utilización de una aplicación en el teléfono móvil, un salto cualitativo en la implantación de las tecnologías al servicio de la mejora del transporte público en el mundo rural. Al servicio de reserva de transporte a la demanda -implantado por la empresa tecnológica GMV- se accede a través de la página https://carreterasytransportes.jcyl.es
La puesta en marcha del Bono Rural de Transporte se alinea con los ejes estratégicos del Mapa del Transporte, actualmente en fase de información pública, que pretende un transporte comprometido con la ciudadanía, con la sostenibilidad y con la modernización tecnológica, y sobre todo “comprometido con la movilidad en el medio rural, ya que se garantiza la accesibilidad territorial al generalizarse el transporte a la demanda”, señaló el consejero.
Castilla y León, referente en movilidad pública
La Junta de Castilla y León ha venido desarrollando un sistema de transporte rural basado en las fórmulas de transporte a la demanda y transporte integrado, que incluye el transporte regular y el escolar, que ha convertido a esta Comunidad en referente en cuanto a movilidad pública.
El Transporte a la Demanda es un sistema de gestión de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera, mediante el cual su prestación efectiva se hace depender de una solicitud previa del usuario, optimizando los recursos tanto de la Administración como de los operadores de transporte -como dato al respecto, con el Transporte a la Demanda en Castilla y León los autobuses de la concesión han ahorrado 2,5 millones de litros de gasoil y 10.000 kilómetros de viajes, o se han dejado de emitir a la atmósfera 10.000 toneladas de CO2…-; ya que si no hay reservas el servicio no se presta y en el caso de que se preste sólo se haría en las localidades en las que hay reserva, sin obligación de entrar en el resto de las localidades de la ruta.
Tras 17 años de funcionamiento, el transporte a la demanda ha demostrado la utilidad y ventajas de este sistema en un escenario de dispersión de población y baja densidad demográfica, y que ha conseguido que los ciudadanos de las áreas rurales tengan las mismas oportunidades para acceder a los servicios que disfrutan los habitantes de las ciudades.
El Transporte Integrado presta simultáneamente servicios de uso general (dirigidos a satisfacer una demanda general, siendo utilizables por cualquier interesado) y de usos más restringidos (grupos específicos de usuarios – en este caso escolares-) compartiendo un mismo vehículo, de acuerdo con las condiciones establecidas por la Administración.
Se basa en reservar (por la Administración Educativa) determinadas plazas en el transporte público regular de uso general para ser utilizadas exclusivamente por escolares y acompañante/s. El resto de las plazas vacantes pueden ser utilizadas por cualquier usuario de transporte público regular de viajeros de uso general. Estas plazas se gestionan conforme al sistema de “transporte a la demanda”, que permite al ciudadano hacer llegar sus necesidades de transporte a través de métodos telefónicos gratuitos y telemáticos.
La Ley 9/2018, de 20 de diciembre, de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León, declara como servicio público esencial al transporte público regular de viajeros por carretera de uso general interurbano, así como al transporte rural y metropolitano; y de acuerdo con esto, las Administraciones Públicas han de velar por asegurar la adecuada sostenibilidad económico-financiera de dichos servicios.
La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, viene destinando al mantenimiento ordinario del equilibrio económico de los servicios de transporte público regular de uso general de su titularidad con un esfuerzo económico anual superior a los 12,9 millones de euros.
La crisis sanitaria elevó los déficits de explotación hasta superar los 27,5 millones de euros debido a la caída de la demanda cerca de un 70% y que obligó a utilizar fondos extraordinarios de financiación.
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